El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que desde el Ejecutivo están decididos a enfrentar la delincuencia y la criminalidad organizada con mayor energía y rigor, por lo que están redoblando esfuerzos en el marco de esta lucha.

Durante su intervención en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), realizada en Tarapoto (San Martín), indicó que, para el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, la seguridad ciudadana «es un desafío de primer orden».

«Estamos redoblando esfuerzos para hacer frente a la delincuencia y a la criminalidad organizada, y estamos decididos a hacerlo cada vez con mayor energía y rigor, como lo ha ratificado usted, presidenta», expresó Adrianzén.

A continuación, destacó el valor que representa el haber realizado una nueva sesión ordinaria del Conasec y exhortó a cada uno de los participantes a cumplir los acuerdos que se han adoptado durante la jornada.

«La seguridad ciudadana es un elemento clave para el bienestar de nuestras familias, para el desarrollo de nuestras inversiones, para el crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país», indicó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Finalmente, se comprometió, como presidente del Conasec, a seguir trabajando en favor del orden, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos.

Hoy viernes 18 de octubre para las 5 de la tarde se ha programado la sesión de concejo que revisará y tomará acuerdo sobre el pedido de vacancia contra el alcalde distrital de Pacasmayo, Ricardo Orlando Guanilo Ayala.

El procedimiento regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, se ajusta al pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones que generó el expediente 2024001723, en junio de este año.

El pedido de  vacancia se basa en la “Adquisición de Productos Alimentarios Debido a Emergencia por Lluvias Intensas por Declaración de Estado de Emergencia”, por el monto de S/ 125 451,20 a la empresa Serbimax Perú EIRL acusando al alcalde de presuntamente haber contratado irregularmente con dicha empresa que también tenía contrataciones con las municipalidades de Pataz, Otuzco, Simbal, Laredo, Ugel Otuzco y Red Salud Otuzco. 

Tal como lo prevé la ley, la vacancia será votada por el pleno del concejo municipal. Aprobado o no el pedido, la decisión es pasible de ser revisada en apelación por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, autoridad que resolverá en última instancia. En tanto el caso no se resuelva en instancia definitiva, el alcalde permanecerá en el cargo, tal como lo prevé la norma.

La fiscal suprema titular Delia Espinoza, fue elegida la mañana de este viernes como la nueva fiscal de la Nación para un período de tres años, por decisión de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público (MP).

La magistrada reemplazará al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien asumió el cargo tras la suspensión y posterior destitución de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigada por encabezar una presunta red criminal.

Espinoza Valenzuela se desempeña actualmente como titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, también es Consejera de la Academia de la Magistratura (Amag) y antes de ello, fue representante del MP ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNJ).

La magistrada ocupó la primera posición en la relación de candidatos en reserva de la convocatoria N°004-2021-SN/JNJ de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del 2021 y en julio del 2022 fue designada como fiscal suprema titular al habilitarse la plaza respectiva.

Es egresada en Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una Maestría Derecho en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres, y una Maestría en Gestión Pública por la Universidad Privada Cesar Vallejo.

Según el registro de la Junta Nacional de Justicia, Espinoza Valenzuela fue nombrada fiscal provincial titular en abril del 2002 y en enero del 2009 obtuvo una plaza como fiscal superior penal titular.

Hasta el 8 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) expidió 370 kits de revocatoria de autoridades regionales y municipales, con miras a la Consulta Popular de Revocatoria 2025.

Desde el inicio de este proceso, el 3 de junio, han sido declaradas procedentes las solicitudes de kits para intentar revocar a las autoridades de 23 regiones. Ningún pedido admitido alcanza, hasta el momento, a las autoridades de Tumbes y Madre de Dios.

En el caso específico de la capital de la República, las solicitudes aceptadas están dirigidas contra el alcalde provincial y autoridades municipales de los distritos de Ate, Chorrillos, Lurín, Surquillo, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ancón, Carabayllo, La Victoria, Miraflores, Punta Hermosa, San Bartolo. En los seis últimos casos se registran dos solicitudes para cada distrito.

También figuran 20 solicitudes contra las autoridades regionales de Lima, Áncash (2), Ayacucho (2) y Arequipa (3), Callao, Cusco (2), Ica, Junín, La Libertad (2), Lambayeque, Huancavelica, Piura (2) y Puno (2). Los pedidos referidos al ámbito provincial son 54 y, al ámbito distrital, 296.

Las solicitudes se publican, con su respectiva resolución, en la página web de la ONPE, que se está actualizando periódicamente. En el sitio web, el organismo electoral habilitó un enlace que permite conocer los kits electorales expedidos, cuando se han cumplido los requisitos para su adquisición.

Luego de que el promotor recibe el kit electoral, debe recolectar las firmas del 25 % de los ciudadanos que se encuentran en el padrón electoral de la circunscripción de la autoridad que se pretende revocar, y luego solicitar a la Subgerencia de Verificación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la verificación de las firmas recolectadas. La fecha límite para presentar este pedido ante el Reniec es el 11 de octubre de 2024.

Culminado el trámite ante el ente registral, corresponde al promotor presentar la solicitud de revocatoria ante la ONPE, acompañada de la “constancia del proceso de verificación de firmas de adherentes” y del “acta de etapa de verificación automática y semiautomática” emitidas por el Reniec. 

La ONPE resolverá las solicitudes de revocatoria presentadas en un plazo no mayor de 30 días calendario. En caso de ser denegada, procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de 15 días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución.

La fecha límite para presentar solicitudes de revocatoria a la ONPE vence el 21 de noviembre de 2024, mientras que el plazo para que la misma institución electoral resuelva las solicitudes será el 21 de diciembre de 2024. 

El JNE convocará a consulta popular de revocatoria solo si las solicitudes han sido admitidas por la ONPE. Según el cronograma aprobado para este proceso, la consulta popular de revocatoria se realizará el 8 de junio del 2025.

¿Qué tan importante para el país es la activación del proyecto minero Tía María en Arequipa?

Es de suma importancia el paso que ha dado Southern  Perú para reactivar este proyecto. Considero que han socializado adecuadamente el proyecto y han encontrado un ambiente propicio para su desarrollo. La semana pasada estuvimos en Trujillo, en el Congreso Nacional de Minería, donde el señor Oscar González Rocha (presidente de Southern Perú) expresó su satisfacción con el trabajo social realizado.

Además, es evidente que el proyecto se llevará a cabo junto con obras hidráulicas en el Valle del Tambo, lo cual es de gran relevancia para el país y, sobre todo, para la población arequipeña.

¿Considera que la activación de Tía María podría implementar nuevos proyectos?

Considero que la activación del proyecto minero Tía María representa un hito significativo. Similar a lo ocurrido en 2011 o 2012 con el caso de Conga, que se convirtió en un ícono de la lucha entre quienes creemos que la minería puede contribuir enormemente al  Perú y quienes están en contra. Tía María podría ser un punto de inflexión para socializar y lograr que la población comprenda los múltiples beneficios que estos proyectos conllevan, incluyendo la generación de numerosos empleos, especialmente en las zonas aledañas al proyecto.

Ya que hablamos de proyectos mineros, en la década pasada el  Perú alcanzaba tasas de crecimiento superiores al 6% cuando el precio del cobre bordeaba los US$ 4 la libra. Este año hemos superado los US$ 5 la libra, pero a las justas crecemos en 3%. ¿Cuál es su explicación, ingeniero Benavides?

La inestabilidad política y económica que enfrentamos es la explicación. No se puede afirmar que solo la minería salvará al  Perú, ya que hay muchos otros factores en juego. La inestabilidad política genera una gran desconfianza, y actualmente vivimos en un clima de incertidumbre. Considero que la implementación del proyecto Tía María puede contribuir a generar confianza, lo cual es un avance muy positivo. Me complace que así sea.

Para usted, ¿quiénes son los culpables de esta inestabilidad política?

Hay varios expresidentes, desde el señor Kuczynski hasta el señor Castillo, pasando por el señor Vizcarra. Aunque vale decir que el expresidente Castillo es uno de los principales culpables; ha sido realmente una gran decepción para todos los peruanos.