Autoridades de Sánchez Carrión no logran ser escuchados en el Gobierno Regional, ni en el
Ejecutivo al no ser incluidos en la nueva ampliación del estado de emergencia. Mientras
tanto, aumentan los ataques a empresas y la extorsión.
Huamachuco. Mientras las indecisiones de las autoridades se suceden día tras día, en las
provincias mineras de Pataz y Sánchez Carrión las acciones criminales aumentan a diario.
El último ataque a la minera Poderosa demuestra que las fuerzas del orden están acorraladas
por las organizaciones criminales que operan en esa zona. Esta violencia se repite una y otra
vez en Pataz. La empresa minera y los pobladores se han visto desbordados por la cantidad de
delincuentes que manejan armamento de largo alcance en la localidad.
Si bien el Ejecutivo oficializó la ampliación de la declaratoria de estado de emergencia por
inseguridad ciudadana en Pataz, esta no ha servido de nada y las organizaciones delictivas
están expandiendo su accionar hacia otras zonas mineras del ande liberteño.
En la ciudad de Huamachuco (Sánchez Carrión) es por demás evidente el incremento de la
delincuencia y de secuestros. También amenazas a negocios locales por gente procedente de
Pataz. Con 33 efectivos policiales asignados al distrito, es complicado enfrentarlos. Más aún
si se confirman los nexos entre algunos malos elementos de la policía con las mafias de la
minería ilegal. Y sus acciones se extienden a Quiruvilca (Santiago de Chuco) donde se
capturó a mineros ilegales con equipos que superan los S/ 262 mil soles.
En reiteradas oportunidades el alcalde provincial de Sánchez Carrión Santos Ruiz Guerra, las
rondas y empresarios solicitaron la declaratoria de emergencia ante el temor que esta
provincia se convierta como Pataz tras el violento ataque de los mineros ilegales en
Coigobamba. Como se recuerda, los delincuentes que se esconden en el bosque Polo
arrojaron dinamita a la unidad minera de Summa Gold Corporation y dispararon contra su
personal con armas de largo alcance.
Al respecto, el gerente general de Summa Gold Corporation, Jaime Polar Paredes también se
pronunció e indicó que han venido solicitando la declaratoria de emergencia desde hace dos
años. “Durante el reciente CONAMIN 2024, realizamos una exposición que incluyó las
acciones que hemos venido realizando en contra de la minería. Hemos informado a las
entidades regionales, a las fiscalías de Medio Ambiente y hace unos días al mismo ministro
del Interior. Si no se toman las medidas inmediatas, Huamachuco se convertirá en un nuevo
Pataz. No hacen falta más pruebas. Lo visto hace dos semanas en nuestra concesión
demuestra el avance de la minería ilegal en la zona”, sostuvo.
Sus pedidos no han sido escuchados ni por el Gobierno Regional La Libertad, ni por el
Gobierno Central. La provincia de Sánchez Carrión no fue incluida en la nueva ampliación
del estado de emergencia declarada para Trujillo y Pataz. Medida que incluyó a la provincia
de Virú.
¿Negocios municipales con la ilegalidad?
En un informe periodístico señalan que las empresas Corporación Bi-Reyes del Perú S.A.C. y
Empresa Constructora y Servicios Generales Reyesed S.A.C. tienen, al parecer, una especial
llegada con la Municipalidad Distrital de Sartimbamba en la actual gestión del alcalde Robert
Arteaga Contreras.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha indicado que los
accionistas de la Corporación Bi-Reyes del Perú S.A.C., son los hermanos Edgar Edwin
Reyes Ríos y Luis Miguel Reyes Ríos, este último vinculado directamente a la minería ilegal
y socio del pastor evangélico Oswaldo Alva Polo, dueño de la planta de procesamiento de
minerales Auríferos Alva y se le investiga por los presuntos delitos de minería ilegal,
contaminación y homicidio culposo.
